La Justicia se encamina a autorizar la venta de los siete aviones Bombardier CRJ-900 que pertenecieron a Pluna en US$ 11 millones cada uno, lo que totaliza un negocio de US$ 77 millones que se destinarán a pagar las deudas con los acreedores de la aerolínea que fue cerrada en julio de 2012.
La jueza de concursos Teresita Rodríguez Mascardi, quien tramita la liquidación judicial de Pluna S.A., autorizó a la Asociación Uruguaya de Peritos (AUPE, que en el expediente ejerce la sindicatura) a firmar una carta de intención con la empresa Strategic Air Finance (SAF), una compañía con sede en Miami que se dedica a comprar aeronaves para luego arrendarlas a aerolíneas.
En base a la resolución de la magistrada, que fue notificada ayer, la sindicatura comenzará ahora el proceso para suscribir el preacuerdo con la empresa estadounidense. Luego de cumplir una serie de pasos formales será posible firmar el contrato definitivo entre las partes, según informaron a El País fuentes cercanas al proceso.
SAF, cuya sede se encuentra próxima al aeropuerto internacional de Miami (ver aparte) ofertó US$ 11 millones por cada uno de los siete aviones que habían sido incorporados a Pluna en 2008, bajo la gestión del empresario argentino Matías Campiani, quien está en prisión desde diciembre de 2013 por diversas irregularidades verificadas en la aerolínea entre 2007 y 2012, período en que fue su gerente general.
Las aeronaves costaron US$ 203 millones (US$ 29 millones cada una) y la operación fue financiada por el Scotia Bank de Canadá, con garantía del Estado uruguayo. Desde 2008 se vienen pagando cuotas semestrales a esa entidad bancaria y la próxima -que deberá ser pagada por Pluna Ente Autónomo con fondos del Ministerio de Economía y Finanzas- vencerá en agosto y será por US$ 8,8 millones. Los aviones son un activo fijo con alto riesgo de desvalorización, lo que puede explicar en parte la caída del valor entre 2008 y 2014.
AUPE presentó a la jueza Rodríguez Mascardi cinco posibles propuestas de interesados en comprar los aviones. La sindicatura indicó que el ofrecimiento más favorable era el de SAF, ya que implicaba el precio más alto por aeronave y también las mejores condiciones de entrega, razón por la que la magistrada accedió al pedido y autorizó a la sindicatura a iniciar el proceso para vender los aviones a esa compañía.
La oferta de SAF, que llegó directamente a la sindicatura, inicialmente preveía que los aviones debían ser entregados en Miami. Pero como AUPE argumentó que no podía cumplir con ese requisito debido a los costos que implicaba, finalmente la empresa modificó su propuesta y accedió a retirar los aviones en Uruguay.
Así, de no surgir complicaciones en el proceso, la intención es que SAF se lleve los dos primeros aviones en el mes de agosto y los cinco restantes en forma paulatina hasta fin de año, dijeron las fuentes.
En la tasación original, realizada en 2012, a comienzos del proceso concursal, las siete aeronaves fueron valuadas en US$ 120 millones.
Diferencia.
La sindicatura concluyó que la deuda verificada hasta el momento con los acreedores de Pluna S.A. es de casi US$ 170 millones. A la venta de los aviones por la que ingresarían US$ 77 millones a la masa concursal, deben descontarse US$ 800 mil que cobrará la empresa Bombardier, fabricante de las aeronaves, con la que AUPE había firmado un contrato para que actuara como intermerdiaria en la negociación de los aparatos, por lo que obtuvo exclusividad en relación a cuatro de ellos. Así, a pesar de la venta de los aviones, en el concurso quedarían unos US$ 92 millones sin cubrir a los acreedores.
AUPE aspira que la diferencia entre lo que podría pagar el concurso y el monto total de la deuda con los acreedores (que la ley de Declaración Judicial del Concurso y Reorganización Empresarial denomina "déficit patrimonial") sea cubierto por las capitalizaciones impagas a Pluna S.A. y la declaración de concurso "culpable", que la sindicatura ya pidió.
Los síndicos sostienen que Sociedad Aeronáutica Oriental (SAO, que en su momento controlaba la empresa Leadgate y que tenía a su cargo el 75% de las acciones de Pluna S.A.) y Pluna Ente Autónomo (que tenía a su cargo el 25% restante de las acciones de la empresa) incumplieron con capitalizaciones que debían realizar a partir de 2010.
Por esa razón, AUPE, representando a Pluna S.A., presentó la semana pasada una demanda civil ante la jueza Ana María Bello reclamando el cumplimiento de esas obligaciones. De acuerdo con el reclamo, SAO debería pagar US$ 41,6 millones y Pluna Ente Autónomo US$ 13,8, por lo que el total de la acción judicial supera los US$ 55 millones.
Además, la sindicatura pidió en abril a la jueza Rodríguez Mascardi que el concurso de Pluna sea declarado "culpable", lo que haría que tanto el Estado como Leadgate deban asumir el "déficit patrimonial" que surja del expediente.
"En su mérito se sugiere calificar de culpable al concurso de acreedores que motiva estas actuaciones", opinó el fiscal civil Luis Bajac, quien compartió la posición de AUPE, y pidió a la magistrada la calificación del concurso como "culpable".
Remate.
Por otro lado, la jueza especializada en crimen organizado Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez investigan el frustrado remate de los siete aviones Bombardier CRJ-900 realizado el 1° de octubre de 2012 ante la posibilidad de que haya existido una maniobra fraudulenta en la subasta.
Hernán Antonio Calvo Sánchez se presentó al remate diciendo representar a la aerolínea española Cosmo, y en esa condición ofertó US$ 137 millones. Sin embargo, la empresa alegó días después que no podía asumir la compra.
El pasado 8 de junio, El País reveló más de 20 correos electrónicos que el dueño de Cosmo, Antonio Álvarez Hernández, dice haber recibido de parte de Calvo Sánchez entre el 1° de octubre de 2012 y el 27 de noviembre de ese año, que involucran en la operación de compra al empresario Juan Carlos López Mena, dueño de la naviera Buquebus y la aerolínea BQB, a quien inicialmente el gobierno ofreció los siete aviones de Pluna. A pedido del fiscal Gómez, la jueza de los Santos investigará las supuestas afirmaciones de Calvo Sánchez en esos correos electrónicos.
LA EMPRESA OFERENTE
La empresa Strategic Air Finance (SAF), que se dedica a arrendar aviones bajo la modalidad de leasing y que ofertó US$ 77 millones por las siete aeronaves Bombardier CRJ-900 que pertenecieron a Pluna, tiene su sede en Miami, en una zona cercana al aeropuerto internacional de esa ciudad de Estados Unidos.
La página web de la compañía (www.strategicair.com) explica que la empresa es una sociedad de inversión que se especializa en la adquisición y arrendamiento de aeronaves comerciales y motores. "Nuestro equipo altamente experimentado tiene relaciones directas y amplias con muchos operadores líderes, incluyendo líneas aéreas con sede en América del Norte, Europa, América del Sur, Asia y África. Nos centramos en la alta calidad, los aviones comerciales de alta utilidad de entre 8 y 20 años de edad", explica el sitio.
Además, SAF ofrece abastecimiento de aeronaves a terceros y también se ocupa de gestionar alquileres y servicios. La página web de la empresa informa que cuenta con personal "altamente especializado" y que tiene vínculos con importantes aerolíneas de América del Norte, Europa, América del Sur, Asia y África. "Nos centramos en la alta calidad, los aviones comerciales de alta utilidad de entre 8 y 20 años de edad", indica el sitio de la compañía.
"Estamos construyendo agresivamente una cartera de aviones comerciales en arrendamiento operativo a largo plazo. También adquirimos aviones y motores para la reventa o el desmontaje, así como ofrecer a nuestros arrendadores y coinversores asociados con la gestión de arrendamiento y servicios de remarketing de aeronave", detalla el sitio web de la empresa con sede en Miami.
fuente diario El Pais
